El orden de prelación en la aplicación del derecho en los arbitrajes institucionales derivados de las contrataciones públicas en el Perú

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El arbitraje en materia de contrataciones públicas se encuentra consagrado en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. En esta ley se establece un orden de preferencia en la aplicación del derecho. Sin embargo, la coexistencia de principios como la supremacía constitucional, la prevalencia de normas especiales (lex specialis) y la autonomía privada de la libertad (pacta sunt servanda) genera una falta de uniformidad en el criterio sobre la jerarquía en la aplicación normativa. En este contexto, el presente artículo tiene como finalidad determinar cuál es el orden de prelación aplicable al proceso (lex arbitri) y al fondo de la controversia (lex causae) en los arbitrajes institucionales de esta materia. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo y utilizó una metodología dogmática-jurídica, sistémica y hermenéutica, además de la técnica del análisis documental para la descripción, interpretación y proposición de un esquema de relaciones jurídicas jerárquicas. Entre los principales resultados, se evidenció la existencia de dos tipos de jerarquías normativas diferenciadas: procesales y de fondo. Ambas se estructuran en cuatro niveles (constitucional, especiales, generales y complementarias) y se distinguen por sus características en el tipo de observancia o vinculatoriedad (obligatoria, supletoria y facultativa) y el tipo de control jurisdiccional aplicable (control constitucional y ordinario). Se concluye que la distinción de estas categorías puede servir como guía para la actuación arbitral y para fortalecer la predictibilidad en el arbitraje, la uniformidad de criterios y la validez del laudo.

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